Los fundadores comprendieron que la democracia evolucionaría inevitablemente hacia un sistema de saqueo legalizado a menos que los saqueados dispusieran de numerosas vías de escape y protecciones constitucionales como la separación de poderes, la Declaración de Derechos, la elección de senadores por los legisladores estatales, el colegio electoral, la no imposición de impuestos sobre la renta, la realización de la mayoría de las funciones gubernamentales a nivel estatal y local, y una miríada de otras limitaciones constitucionales a los poderes del gobierno central.