Nuestras leyes que regulan los grupos de presión y las contribuciones a las campañas electorales han logrado un equilibrio adecuado entre los deseos de los ciudadanos y los de la industria privada, así que ¿por qué dudamos tan rápidamente de que se puedan lograr los mismos buenos resultados poniendo a la rama gubernamental encargada de impartir justicia en el mismo rumbo basado en el mercado?