La libertad activa está especialmente en peligro cuando la ley restringe la expresión directamente relacionada con la formación de la opinión pública, por ejemplo, la expresión que tiene lugar en ámbitos relacionados con la política y la elaboración de políticas por parte de los cargos electos. Este riesgo especial justifica presunciones judiciales especialmente fuertes a favor de la libertad de expresión. También justifica una revisión cuidadosa siempre que el discurso en cuestión pretenda moldear la opinión pública, especialmente si esa opinión, a su vez, afectará al proceso político y al tipo de sociedad en la que vivimos.