Dado que al asalariado le conviene pagar lo menos posible, incluso los trabajadores bien pagados no tendrán más de lo que en una sociedad determinada se considera el nivel razonable de subsistencia. Los rangos más bajos de la mano de obra normalmente tendrán menos, y si la ayuda pública se ofreciera incluso hasta el nivel salarial de los rangos más bajos de la mano de obra, esa ayuda competiría en el mercado laboral; frenaría o secaría la oferta de mano de obra asalariada. Tendería a hacer redundante la realización del trabajo por parte del asalariado.