El uso ilegítimo de un Estado por parte de intereses económicos para sus propios fines se basa en un poder ilegítimo preexistente del Estado para enriquecer a algunas personas a expensas de otras. Si se elimina ese poder ilegítimo de conceder beneficios económicos diferenciales, se elimina o se restringe drásticamente el motivo para querer influir políticamente.