Siendo entonces los Estados las partes del pacto constitucional, y en su capacidad soberana, se deduce necesariamente que no puede haber ningún tribunal por encima de su autoridad, para decidir en última instancia, si el pacto hecho por ellos es violado; y en consecuencia, como partes del mismo, ellos mismos deben decidir en última instancia, las cuestiones que puedan ser de suficiente magnitud como para requerir su intervención.