No debe exigirse ni permitirse a ningún funcionario que participe en la gestión de organizaciones políticas, asambleas, convenciones o campañas electorales. No se les niega el derecho a votar y a expresar sus opiniones sobre cuestiones públicas, ya sea oralmente o a través de la prensa, siempre que ello no interfiera con el desempeño de sus funciones oficiales. No debe permitirse ningún tipo de evaluación con fines políticos de funcionarios o subordinados.