La Constitución, además de delegar en el Congreso ciertos poderes enumerados, sitúa áreas enteras fuera del alcance de la autoridad reguladora del Congreso. La Primera Enmienda, por ejemplo, es célebre por impedir que el Congreso "prohíba el libre ejercicio" de la religión o "coarte la libertad de expresión". Del mismo modo, la Segunda Enmienda parece contener una limitación expresa de la autoridad del gobierno.