El gobierno se instituye para el bien común; para la protección, seguridad, prosperidad y felicidad del pueblo; y no para el lucro, honor o interés privado de un solo hombre, familia o clase de hombres; por lo tanto, sólo el pueblo tiene el derecho incontestable, inalienable e imprescriptible de instituir el gobierno; y de reformarlo, alterarlo o cambiarlo totalmente, cuando su protección, seguridad, prosperidad y felicidad lo requieran.