En su sentido propio, la igualdad ante la ley significa el derecho a participar en la elaboración de las leyes por las que uno se rige, una constitución que garantice los derechos democráticos a todos los sectores de la población, el derecho a acudir a los tribunales para obtener protección o reparación en caso de violación de los derechos garantizados en la constitución, y el derecho a participar en la administración de justicia como jueces, magistrados, fiscales generales, asesores jurídicos y cargos similares.