La detención ejecutiva podría plantear problemas constitucionales si se considera arbitraria. En realidad no he dicho que el proyecto de ley antiterrorista propuesto por el Gobierno de Nueva Gales del Sur sea necesariamente inconstitucional -eso ha sido una chapuza periodística-, he dicho que la detención ejecutiva puede plantear problemas constitucionales si se considera arbitraria por ser una invasión de la función judicial.