Muchos de nuestros estados aliados no tienen estas protecciones constitucionales: en el Reino Unido, en Nueva Zelanda, en Australia. Han perdido el derecho a estar libres de registros e incautaciones irrazonables sin causa probable. Todos esos países, a raíz de estas revelaciones sobre la vigilancia, se apresuraron a aprobar leyes que fueron básicamente redactadas por la Agencia de Seguridad Nacional para permitir la vigilancia masiva sin supervisión judicial, sin todos los controles y equilibrios estándar que cabría esperar.