Cuando los gobiernos van demasiado lejos para castigar a las personas por acciones que son disidencia y no una amenaza real para la nación, corren el riesgo de deslegitimar no sólo sus sistemas de justicia, sino la legitimidad del propio gobierno. Porque cuando presentan cargos políticos contra personas por actos que claramente tenían al menos la intención de actuar en interés público, les niegan la oportunidad de presentar una defensa del interés público.