A medida que avanzamos hacia la mancomunidad pluralista, las intervenciones económicas que estabilizan las comunidades -por ejemplo, localizando los flujos de bienes y servicios o promoviendo la propiedad de los trabajadores- no sólo tienen beneficios prácticos inmediatos, sino que proporcionan las condiciones previas necesarias para el crecimiento y el desarrollo de una cultura renovada de democracia sostenible que puede servir de base para transformaciones aún mayores a escalas más amplias.