En mi opinión, es una parodia que los gobiernos estatales y locales, por un lado, esperen que el gobierno federal les reembolse los gastos atribuibles a los inmigrantes ilegales, cuando, por otro lado, los gobiernos estatales y locales prohíben a sus propias fuerzas del orden y a otros funcionarios cooperar con el Servicio de Inmigración y Naturalización para localizar o detener o expulsar a extranjeros ilegales.