Puede que no sea fácil, en todos los casos posibles, trazar la línea de separación entre los derechos de la religión y la autoridad civil con tanta claridad como para evitar colisiones y dudas sobre puntos no esenciales. La tendencia a la extralimitación de una u otra parte, o a una coalición o alianza corruptora entre ellas, se evitará mejor mediante la abstención total del Gobierno de toda injerencia de cualquier tipo, más allá de la necesidad de preservar el orden público y proteger a cada secta contra las violaciones de sus derechos legales por parte de otras.