Una prohibición de las armas de fuego no puede aplicarse de forma realista. La confiscación de armas exigiría registros casa por casa y alienaría a las mismas personas cuyo cumplimiento es esencial para el éxito de cualquier regulación. Si se prohibiera la posesión de armas, el crimen organizado intervendría para proporcionar las armas de fuego que se seguirían obteniendo con fines delictivos.