Si no se castiga al que infringe la ley, se engaña al que la obedece. Ésta, y sólo ésta, es la razón por la que los infractores de la ley deben ser castigados: para autentificar como buena, y fomentar como útil, la conducta respetuosa con la ley. El objetivo del derecho penal no puede ser la corrección o la disuasión; sólo puede ser el mantenimiento del orden jurídico.