La norma de protección igualitaria de la Constitución tiene un significado claro y central: prohíbe absolutamente la discriminación invidiosa [repugnante] por parte del gobierno... En virtud de nuestra Constitución, cualquier acción oficial que trate a una persona de forma diferente debido a su raza u origen étnico es intrínsecamente [por naturaleza] sospechosa y presuntamente [probablemente] inválida... En virtud de la Constitución, tenemos una práctica en la que el gobierno nunca puede participar: la práctica del racismo, ni siquiera "temporalmente" y ni siquiera como "experimento".