En las comunidades civilizadas, la propiedad, así como los derechos personales, son un objeto esencial de las leyes, que fomentan la industria asegurando el disfrute de sus frutos; esa industria de la que resulta la propiedad, y ese disfrute que consiste no sólo en su uso inmediato, sino en su destino póstumo a objetos de elección y de afecto afín. En un gobierno justo y libre, por lo tanto, los derechos tanto de la propiedad como de las personas deben ser eficazmente protegidos.