Los redactores de nuestra Constitución comprendieron los peligros de la vigilancia gubernamental desenfrenada. Sabían que la democracia sólo podía florecer en espacios libres del fisgoneo y la interferencia del gobierno, y pusieron límites a la extralimitación gubernamental en la Cuarta Enmienda de la Carta de Derechos. . . . Estas protecciones requieren, como mínimo, un árbitro neutral -un magistrado- que se interponga entre el deseo infinito de información del gobierno y el deseo de privacidad de los ciudadanos.