El bienestar público exige que los casos constitucionales se decidan según los términos de la propia Constitución, y no según las opiniones de los jueces sobre la equidad, la razonabilidad o la justicia. No temo las enmiendas constitucionales debidamente aprobadas, pero sí temo la reescritura de la Constitución por parte de los jueces bajo la apariencia de interpretación.