La ley de confiscación civil -si es que algo tan carente de garantías procesales puede dignificarse como ley- es un incentivo para el comportamiento perverso: Las agencias gubernamentales depredadoras se embolsan los beneficios de los bienes que confiscan a los estadounidenses sin siquiera acusarles de un delito, y mucho menos condenarles por ello. Los delincuentes reciben un trato mejor que éste porque sólo pierden los frutos de su criminalidad tras ser condenados.