Es fundamental que los grandes poderes del Congreso para dirigir la guerra y regular las relaciones exteriores de la Nación estén sujetos a los requisitos constitucionales del debido proceso. La necesidad imperiosa de salvaguardar estos derechos al debido proceso procesal en las emergencias más graves ha existido a lo largo de nuestra historia constitucional, ya que es entonces, bajo las apremiantes exigencias de la crisis, cuando existe la mayor tentación de prescindir de las garantías constitucionales fundamentales que, se teme, inhibirán la acción gubernamental.