La rotación obligatoria de auditores tiene por objeto resolver un posible conflicto de intereses entre una empresa pública y su auditor. Dado que un auditor es contratado y pagado por la empresa pública que audita, el deseo del auditor de mantener una buena relación con su cliente podría entrar en conflicto con su deber de cuestionar rigurosamente los estados financieros del cliente.