Cualquier hombre debe juzgar por sí mismo si las circunstancias justifican la obediencia o la resistencia a los mandatos del magistrado civil; todos estamos cualificados, facultados y moralmente obligados a evaluar la conducta de nuestros gobernantes. Este juicio político, además, no es simple o principalmente un derecho, sino, como la autoconservación, un deber para con Dios. Como tal, es un juicio del que los hombres no pueden desprenderse según el Dios de la Naturaleza. Es el primero y más importante de nuestros derechos inalienables, sin el cual no podemos preservar ningún otro.