El complejo carcelario-industrial emplea a millones de personas directa e indirectamente. Jueces, fiscales, abogados defensores, guardias de prisiones, empresas de construcción de prisiones, policías, agentes de libertad condicional, secretarios judiciales... la lista es interminable. Muchas comunidades rurales predominantemente blancas han llegado a creer que sus economías locales dependen de las prisiones para obtener empleo.